Fundación SANAR presenta un informe que reúne la evidencia científica, sanitaria, social y regulatoria disponible sobre la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable
- 25 jun
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A más de cuatro años de la sanción de la Ley 27.642, el debate público sobre sus alcances, resultados e implementación continúa vigente. Sin embargo, gran parte de las discusiones recientes se han desarrollado en un contexto de creciente desinformación y cuestionamientos que no siempre se encuentran respaldados por evidencia científica.
Con el objetivo de contribuir a un debate informado, Fundación SANAR presenta el informe "Ley 27.642: lo que sabemos a partir de la evidencia", un documento que sintetiza los principales hallazgos disponibles sobre la implementación y los efectos de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable en Argentina.
La publicación reúne información proveniente de organismos públicos, universidades, organismos internacionales, sociedades científicas y organizaciones especializadas en salud pública y nutrición.
¿Por qué fue necesaria la ley?
La Ley 27.642 fue sancionada para abordar uno de los principales desafíos sanitarios que enfrenta Argentina: el aumento de la malnutrición por exceso y de las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la alimentación.
Actualmente, la malnutrición por exceso afecta al 41,1% de niños, niñas y adolescentes y al 67,9% de la población adulta. Al mismo tiempo, los productos ultraprocesados representan más de un tercio de las calorías consumidas por las infancias en el país.
En este contexto, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF y FAO han recomendado la implementación de políticas integrales que faciliten decisiones alimentarias informadas y promuevan entornos alimentarios más saludables.
¿Qué muestra la evidencia?
El informe identifica algunos hallazgos consistentes:
Los sellos son comprendidos por la población: Los estudios realizados en Argentina muestran que más del 90% de las personas reconoce los sellos de advertencia y que más del 80% considera que la información es clara y sencilla de comprender.
Influyen en las decisiones de compra: La evidencia disponible indica que los sellos modifican la percepción de los productos y contribuyen a decisiones de compra más informadas.
Protegen a niños, niñas y adolescentes: La regulación de la publicidad y la promoción de productos con exceso de nutrientes críticos responde a la evidencia disponible sobre el impacto que el marketing alimentario tiene sobre las preferencias y hábitos de consumo de las infancias.
Incentivan la reformulación de productos: Diversos estudios identificaron cambios en la composición nutricional de alimentos y bebidas posteriores a la implementación de la ley, generando incentivos para mejorar la oferta alimentaria disponible.
La ley cuenta con amplio respaldo institucional: Organismos internacionales, universidades, centros de investigación, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil respaldan este tipo de políticas como herramientas eficaces para proteger la salud pública y fortalecer el derecho a la información.
Fortalecer la implementación
El informe también analiza los avances registrados desde la sanción de la ley, incluyendo desarrollos regulatorios, adhesiones provinciales, acciones vinculadas a entornos escolares saludables y procesos de fiscalización.
Asimismo, identifica desafíos pendientes y advierte sobre los riesgos de modificaciones regulatorias que puedan debilitar los estándares de protección originalmente previstos por la norma.
La evidencia reunida muestra que los desafíos actuales se relacionan con la necesidad de profundizar la implementación y fortalecer las capacidades institucionales, no con la eliminación de la política.
Una discusión basada en evidencia
Desde Fundación SANAR sostenemos que las decisiones públicas en materia alimentaria deben apoyarse en evidencia científica independiente, salud pública y protección de derechos.
La Ley 27.642 constituye una herramienta relevante para garantizar el acceso a información clara, proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes y promover entornos alimentarios más saludables.
Por ello, resulta fundamental que los debates sobre su futuro se desarrollen a partir de la mejor evidencia disponible y libre de conflictos de interés.
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