El próximo golpe a la Ley de Etiquetado se discute en el MERCOSUR

Con fuerte impronta comercial y escasa participación social, las negociaciones regionales podrían debilitar la Ley de etiquetado. La armonización no puede hacerse a costa del retroceso de derechos conquistados.

En los últimos meses, los países del MERCOSUR retomaron las negociaciones para avanzar en un reglamento técnico regional de etiquetado nutricional. Lo que allí se defina puede tener un impacto directo sobre la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como la Ley de Etiquetado Frontal, vigente en Argentina. Desde Fundación SANAR, junto a organizaciones de la sociedad civil y la academia de la región, seguimos este proceso con atención y creciente preocupación.

¿Qué países están involucrados en la discusión?

Las negociaciones se desarrollan entre los Estados Parte del MERCOSUR: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Se trata de países con marcos regulatorios muy diferentes.

Mientras Argentina cuenta con una de las leyes más robustas de la región, otros países tienen sistemas más flexibles (Brasil, Uruguay) o aún no han implementado un etiquetado frontal efectivo (Paraguay, Bolivia).

Esta diversidad vuelve central una pregunta clave: ¿La armonización servirá para elevar los estándares de protección o para reducirlos?

¿Dónde y quiénes están tomando las decisiones?

Las discusiones se están dando principalmente en el Subgrupo de Trabajo N.º 3 (SGT-3) del MERCOSUR, a partir de impulsos provenientes de otros ámbitos del bloque con fuerte orientación comercial.

En estas mesas participan delegaciones estatales integradas, principalmente, por Cancillerías, áreas de Comercio Exterior y autoridades técnicas nacionales. Estos espacios, históricamente atravesados por lógicas de facilitación del comercio, no siempre incorporan de manera equilibrada la perspectiva de salud pública, lo que genera tensiones cuando se discuten políticas que impactan directamente en los derechos de la población.

¿Cuál es el principal riesgo?

El problema no es la armonización regional en sí. Desde la sociedad civil no nos oponemos a construir un acuerdo común.

La preocupación surge porque las discusiones actuales no parecen orientarse a adoptar el estándar más protectorio (según la evidencia científica libre de conflictos de interés) ya existente en la región, sino a consensuar un sistema más flexible, más “cómodo” para las industrias especialmente en aspectos centrales como:

• El perfil de nutrientes (distinto al recomendado por la OPS): basado en gramos en lugar de calorías, un enfoque que no evalúa el impacto relativo del producto en la dieta y, por lo tanto, resulta menos adecuado para proteger a todas las franjas etarias. La evidencia y la experiencia de Chile muestran que este tipo de perfiles es además más vulnerable a estrategias de reformulación y elusión por parte de la industria alimentaria.

• Los nutrientes críticos y componentes incluidos: de acuerdo con lo discutido en las últimas reuniones del proceso de armonización, Argentina podría perder el sello de “exceso en calorías” y las leyendas precautorias sobre edulcorantes y cafeína. Esto implicaría que una gran cantidad de productos hoy alcanzados por la Ley 27.642 podrían volver a ser publicitados con mensajes dirigidos a niñas, niños y adolescentes, reingresar a entornos escolares y formar parte de programas alimentarios de asistencia, debilitando la protección vigente.

• El diseño del sistema de advertencias: si bien este punto aún no ha sido formalmente discutido, existe el riesgo de que tanto el octógono como la palabra “exceso” sean reemplazados por versiones menos efectivas. Entre las alternativas que se mencionan se encuentra el modelo de lupa utilizado en Brasil y el uso del término “alto”, una denominación ampliamente empleada por la industria y que, según la evidencia, posee menor capacidad de advertencia que “exceso”.

Esto implica un riesgo concreto: que países con normas más avanzadas, como Argentina a través de la Ley 27.642, se vean forzados a adaptarse a un estándar inferior, en lugar de que el reglamento regional eleve el nivel de protección para toda la población de los países miembros de MERCOSUR.

Participación social: presente, pero limitada

Algunas organizaciones de la sociedad civil han logrado participar como observadoras en determinadas instancias del proceso. Sin embargo, esa participación es acotada ya que no existe posibilidad de intervenir en las discusiones, no hay mecanismos formales para opinar o proponer y el acceso a actas y documentos suele producirse de manera tardía, cuando las decisiones ya están avanzadas.

La transparencia y la participación social efectiva no son accesorios del proceso: son condiciones indispensables para construir políticas públicas legítimas, especialmente cuando están en juego derechos como la salud, la alimentación y la información de las personas consumidoras.

Armonizar sí, pero con el mejor estándar

Desde Fundación SANAR y junto a organizaciones de la sociedad civil y la academia de la región sostenemos una posición clara: la armonización regional puede ser una oportunidad, pero no debe implicar retrocesos en los niveles de protección ya alcanzados. Mucho menos en materia de políticas que instrumentan derechos con rango constitucional. 

El proceso del MERCOSUR debe respetar el principio de no regresividad, que establece que ningún acuerdo puede reducir los niveles de protección ya alcanzados en materia de salud y derechos. Si el reglamento regional no se construye sobre el estándar más protector existente, como el adoptado por la Ley 27.642 en Argentina, avanzar en esta negociación no significaría un progreso, sino todo lo contrario: un grave retroceso.