Un nuevo golpe a la mesa de las y los argentinos

Ante la disolución de la CONAL por Decreto 538/2025

El Gobierno Nacional oficializó la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), órgano técnico y federal creado en 1999, que garantizaba la participación de las provincias, organismos científicos, universidades y sociedad civil en la construcción y actualización del Código Alimentario Argentino (CAA).

Lejos de tratarse de una mera “desburocratización”, esta medida constituye un grave retroceso institucional que concentra el poder de decisión en solo dos organismos nacionales —el Instituto Nacional de Alimentos (INAL–ANMAT) y el SENASA—, excluyendo a las 24 jurisdicciones del país y eliminando los canales de participación multisectorial. Lo que se presenta como agilidad es, en realidad, opacidad.

Con esta decisión peligra:

• El federalismo, porque las provincias ya no tienen voz ni voto en las decisiones sobre los alimentos que se producen y se consumen.

• La salud pública, porque se reducen los mecanismos de control, revisión y consulta técnica que garantizaban normas basadas en evidencia científica libre de conflictos de interés y prevención sanitaria.

• La transparencia, porque desaparecen los espacios de deliberación pública y rendición de cuentas sobre decisiones que afectan a toda la población.

• El derecho a la alimentación adecuada, porque se debilitan las regulaciones que protegen a consumidores frente a intereses de sectores que históricamente han intentado condicionar las decisiones del Estado en beneficio propio.
  

La CONAL no era un obstáculo. Aunque perfectible, era una herramienta de gobernanza participativa, construida para garantizar normas sanitarias acordadas colectivamente. Su disolución deja al CAA en manos de decisiones verticales, sin representación territorial ni diversidad de voces. Se rompe así con décadas de construcción institucional y técnica que priorizaban el interés público por sobre los intereses privados.

Llama además la atención que esta medida haya sido impulsada desde la propia ANMAT, a través de su Instituto Nacional de Alimentos (INAL), en línea con antecedentes recientes de modificaciones regresivas en políticas de salud alimentaria, como la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Esta continuidad en el debilitamiento de las regulaciones sanitarias expone una clara orientación: favorecer los intereses de sectores concentrados en detrimento del derecho a una alimentación segura y saludable para toda la población.

Desde Fundación SANAR rechazamos esta medida inconsulta, regresiva y contraria a los principios de una política alimentaria democrática. Exigimos la restitución urgente de instancias de participación federal, asesoramiento técnico independiente (libre de conflictos de interés) y control social sobre las normas que regulan los alimentos en Argentina.

La alimentación es un derecho humano, no una mercancía. Y ese derecho se protege con más democracia, más controles y más participación, no con menos.