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ANMAT, y los amigos del poder: ¿desregulación o captura corporativa?

Los últimos acontecimientos en torno a la ANMAT, las revelaciones sobre presuntas coimas y retornos económicos vinculados a laboratorios, y la sombra de sospechas que alcanzan ahora también a la industria alimentaria, ponen bajo la lupa la credibilidad de un organismo clave para la salud pública en Argentina.


En diciembre de 2024, la ANMAT introdujo modificaciones a la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, reduciendo exigencias que habían sido aprobadas por amplia mayoría parlamentaria y celebradas como un avance histórico en materia de derechos. Estas medidas representaron un claro retroceso, ya que debilitaron los estándares de protección del consumidor sin presentar evidencia científica que lo justificara.


En línea, la desregulación sobre productos importados - Decreto 35/2025 - trae aparejada la convivencia de estándares normativos múltiples que aumenta el riesgo de exposición de la población a sustancias alimenticias en mayores concentraciones: productos que son considerados "libres de gluten" con valores más laxos (incluso el doble); productos con mayores concentraciones de sodio que lo que la Ley Argentina de Sodio prevé. También implica la presencia de productos sin fortificación obligatoria en Argentina, como es el caso del yodo en la sal de mesa, o el hierro y ácido fólico en harinas de trigo.

A su vez se advierte una falta de uniformidad en cuanto a la declaración de alergenos, que se traduce en falta de información sensible para un consumidor altamente vulnerable.


La decisión se enmarca en un proceso más amplio: la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) y la transferencia de atribuciones técnicas a organismos con menor participación federal - Decreto 538/2025 - lo que en los hechos reduce los contrapesos institucionales y abre la puerta a la concentración de decisiones bajo presiones políticas y empresariales.

A este escenario se suma ahora la intención de armonizar el sistema argentino de etiquetado frontal con el modelo brasilero en el Mercosur. Esta propuesta, solicitada insistentemente por la COPAL desde 2020, según registros periodísticos, implica adoptar un estándar más laxo, con sellos menos visibles y menos exigentes que los octógonos negros que rigen actualmente en Argentina.


El problema no es menor: mientras la evidencia científica internacional respalda el sistema argentino como uno de los más eficaces, la armonización “hacia abajo” solo beneficia a las grandes alimenticias, debilitando una política pública que protege a millones de consumidores frente a los riesgos del consumo excesivo de nutrientes críticos y sobre la presencia de aditivos como edulcorantes y cafeína.

En este contexto, las recientes denuncias por coimas, retornos y entramados de corrupción que involucran a funcionarios, laboratorios y figuras cercanas al poder, refuerzan la desconfianza. Si los laboratorios ya han sido señalados en esta red, ¿qué impide pensar que las alimenticias también operen con los mismos mecanismos de presión y complicidad para desarmar regulaciones que afectan sus intereses económicos?

La narrativa oficial de la desregulación bajo la bandera de la “simplificación” termina exhibiendo su costado más problemático: un Estado que en lugar de proteger a la ciudadanía, deja a las industrias autorregularse, repitiendo un modelo que nunca funcionó y que hoy se revela aún más riesgoso en un escenario salpicado por sospechas de corrupción.

Lo que está en juego no es un tecnicismo normativo: es la capacidad del Estado argentino de defender derechos frente a la captura corporativa. En tiempos donde los “amigos del poder” parecen tener más influencia que la evidencia científica o el interés público, cada retroceso regulatorio no sólo erosiona políticas conquistadas, sino que deja en duda a quiénes sirve realmente la ANMAT: a la salud de la población o a los intereses económicos de las industrias más poderosas.


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