Tus derechos no son descartables: retrocesos normativos que debilitan la Ley de Etiquetado Frontal

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó dos disposiciones que han generado alarma en organizaciones de salud, nutrición y defensa de derechos humanos: la Disposición 11378/2024 y la Disposición 11362/2024. Ambas normas, en lugar de fortalecer la implementación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, parecen orientarse a limitar su alcance y permitir nuevas formas de marketing por parte de la industria alimentaria.

La Ley 27.642, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, fue un avance fundamental en el reconocimiento del derecho a una información clara, veraz y visible sobre los alimentos envasados. Su principal objetivo es proteger a la población, especialmente a niños, niñas y adolescentes (NNyA), de los efectos nocivos del consumo de productos ultraprocesados mediante el uso de advertencias en los envases y la restricción de la publicidad engañosa.

Sin embargo, la Disposición 11378/2024 introduce un cambio regresivo al flexibilizar los criterios para la publicación, promoción y patrocinio de alimentos y bebidas con sellos de advertencia, incluso permitiendo su difusión en medios digitales y tradicionales. A su vez, la Disposición 11362/2024 crea un sistema de declaración digital que podría facilitar el cumplimiento formal, pero en la práctica desvincula los mecanismos de control efectivo de los principios rectores de la Ley.

Nota a la Directora Institucional de Fundación Sanar, Lic Belén Núñez

Este tipo de medidas contradicen el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, por el cual, ninguna política pública puede significar un retroceso respecto de los niveles de protección ya alcanzados. Equiparar nuestros derechos a envases descartables o de único uso es una metáfora dolorosa pero ajustada: se trata de conquistas sociales que hoy están siendo desechadas o debilitadas en favor de intereses comerciales.

Es urgente que la sociedad civil, profesionales de la salud y legisladores/as adviertan las consecuencias de estas disposiciones. No se trata sólo de una cuestión técnica o burocrática. Lo que está en juego es la salud de las futuras generaciones, el derecho de las personas a saber qué están consumiendo y la obligación del Estado de protegerlos frente a las estrategias de marketing que hoy buscan reinstalarse. 

Nuestros derechos no son descartables. No podemos permitir que se desechen como si fueran un envase más en la góndola de ultraprocesados.